Aunque nos pueda sorprender, el trabajo de un abogado es clave para una productora o para llevar a cabo cualquier proyecto audiovisual. Un error legal o un conflicto de intereses pueden tirar por tierra todo el trabajo hecho. Puede paralizar un rodaje o bloquear la distribución.
El audiovisual es el formato de contenido que más consumimos en la actualidad. Mientras que antes una pieza audiovisual solo tenía cabida en las pantallas de cine o en la televisión, hoy llega a millones de espectadores gracias a internet. Existen plataformas como YouTube o TikTok en las que el vídeo tiene un papel destacado. Otras redes sociales, en especial las del grupo Meta: Facebook e Instagram tienen en el video uno de sus contenidos más difundidos.
Ahora bien, al elaborar este tipo de material, los creadores deben ser cuidadosos en respetar los derechos de imagen, la protección de los datos personales, las políticas sobre contenido, tanto de la plataforma donde se exhiben como de los países donde se visualizan. Cuestiones que suscitan no pocas disputas legales.
La cultura, además de ser un canal de expresión, es un sector económico. Debe ser rentable. Y más cuando hablamos de contenido audiovisual, donde suele haber una inversión económica importante. Por esta razón, los autores y productores sienten la necesidad de tener su trabajo protegido a efectos legales.
Un creador tiende a ser un espíritu libre. Difunde su punto de vista y su gusto estético. El autor tiende a pensar que está al margen de todo. Ahí se equivoca. Como cualquier actividad, debe ceñirse a las leyes. Por esta razón, y aunque parezca que se sale del ámbito cultural, el papel del abogado es fundamental para que los proyectos audiovisuales se puedan llevar a cabo y, sobre todo, lleguen a su público.
Ámbito creativo o publicitario.
Cuando hablamos de crear contenido audiovisual, los creadores (directores, guionistas, productores) todos en un principio aspiran a crear arte. A contar historias con películas, cortometrajes o formatos ultracortos, que tienen una amplia difusión en redes sociales. Es la forma de conservar su identidad. Parece como que, al trabajar para una empresa, estuvieran vendiéndose al mercado.
Sin embargo, como cuenta la revista GQ, son muchos los directores de cine que han hecho publicidad. Algunos de ellos, bastante relevantes. Las empresas saben que, al vender sus productos por medio de la emoción, contando historias, llegan mejor al consumidor. Por eso se apoyan en los artistas. Los creadores, si quieren vivir de su trabajo, terminan aceptando las ofertas de las empresas. Se gana más dinero con la publicidad que haciendo cine de autor. Para algunos, el trabajo publicitario les brinda una independencia económica que les permite abordar sus proyectos más personales.
Es el caso del director británico Alan Parker, director de la película The Wall, basada en el disco de Pink Floyd. Comenzó su carrera escribiendo y dirigiendo anuncios antes de dedicarse al cine.
En México, Alejandro González Iñárritu, autor de películas como “Amores perros”, creador de un cine incómodo y crítico, ha mantenido una estrecha relación con la publicidad a lo largo de su carrera. Desde la creación de la agencia Z Publicidad hasta su paso por Canal 5 como director creativo. Algo que no le ha impedido formar una voz propia.
Empresas como Dolce & Gabbana han recurrido a grandes directores de cine como Martin Scorsese y Giuseppe Tornatore, autor de “Cinema Paradiso”, para rodar algunos de sus spots más emblemáticos.
La producción creativa y la publicitaria se rigen por normas diferentes. También a efectos jurídicos. Lo que exige un conocimiento específico de la legislación para que un abogado pueda trabajar con estos creadores.
Asesoramiento durante todo el proyecto.
Cuentan los abogados de Ejaso, un reputado bufete que presta servicios de asesoramiento jurídico integral para empresas en sectores tan diversos como la logística y el transporte, la economía digital, la cultura, la hostelería o el sector inmobiliario, que cuando se trabaja en la industria del entretenimiento y, más si cabe, en la producción audiovisual, el acompañamiento de los abogados debe realizarse durante todo el proyecto y de una manera integral.
Esto es lógico, puesto que hay una gran cantidad de aspectos jurídicos y trámites que emergen desde el momento justo en el que surge la idea del proyecto. Cuestiones como no invadir la propiedad intelectual o los derechos de autor de otro creador, tanto en el guion como en recursos que se vayan a utilizar, deben ser revisadas con lupa por un abogado. El cual debe proteger la expresión original del proyecto de su cliente a medida que vaya cogiendo forma.
El rodaje y la producción de una pieza audiovisual están salpicados de contratos. Contratos con los actores, con los guionistas, con los técnicos, con las productoras, con las empresas o administraciones patrocinadoras, con las distribuidoras. Contratos que muchas veces son redactados por los propios abogados. Y que en cualquier momento pueden dar lugar a disputas legales al saltarse algunas de las cláusulas del acuerdo o por una mala interpretación de las mismas.
El trabajo de un abogado en el sector audiovisual tiene mucho de negociador. El jurista participa en las reuniones que la productora tiene con otros agentes que van a intervenir, de una manera u otra, en la realización de la obra, defiende los intereses de su cliente y vela porque los acuerdos se den dentro de la legalidad.
Debe ser también un abogado que conozca bien el medio. Que esté familiarizado con el mundillo y que tenga experiencia. Si bien esta no es una especialidad del derecho, no estamos hablando de derecho de familia o de abogado concursal-procesal; sí debe saber bien lo que se hace.
Estos son algunos ámbitos en los que interviene el abogado.
Subvenciones al cine y a la producción audiovisual.
Un asunto bastante controvertido y que no pocas veces es objeto de debate es el tema de las ayudas públicas y subvenciones a la producción audiovisual. Cuando vemos una película o una serie, leemos en los créditos que el Ministerio de Cultura, las Comunidades Autónomas y ciertos ayuntamientos ponen dinero para que se haga.
Estas ayudas pueden perseguir objetivos culturales, industriales o de promoción del territorio, según sus bases; no todas son una inversión publicitaria. Si una película se rueda en Navarra, por poner un ejemplo, los planos del rodaje pueden mostrar al espectador paisajes naturales o localizaciones geográficas que le llamen la atención. Esto puede atraer visitantes y beneficiar al turismo y a la economía de la región.
La página web Taxdown explica distintas ayudas al cine. La normativa fija, con carácter general, un límite del 50 % del coste reconocido de la película para el conjunto de ayudas públicas a la producción, con excepciones que permiten porcentajes superiores. No es una cantidad concedida automáticamente. Los requisitos y los criterios de valoración dependen del tipo de ayuda y de su convocatoria.
Las ayudas generales y selectivas del ICAA a la producción de largometrajes son subvenciones sujetas a requisitos y a la justificación del destino de los fondos. No deben confundirse con préstamos que se devuelven automáticamente al obtener beneficios o premios. Puede exigirse el reintegro cuando concurran las causas previstas en la normativa, como determinados incumplimientos.
La concesión de estas ayudas se formaliza mediante una resolución administrativa, conforme a las bases y la convocatoria. El asesoramiento jurídico permite revisar las obligaciones asumidas y distinguirlas de los contratos privados de financiación o patrocinio del proyecto.
Derechos de autor.
Los derechos de autor sobre una obra original nacen por su creación; inscribirla en el Registro de la Propiedad Intelectual es voluntario y aporta una prueba de su titularidad. La ley considera autores de la obra audiovisual al director-realizador, a los autores del argumento, la adaptación, el guion o los diálogos y a los compositores de música creada especialmente para ella. La dirección de fotografía no figura automáticamente entre esos coautores.
A pesar de esta protección, el asunto de los derechos de autor es objeto de múltiples disputas y conflictos legales, como indica la página web Spain Film Commission, una sociedad sin ánimo de lucro, formada por profesionales de la industria del cine en España.
La cesión de derechos de explotación debe formalizarse por escrito y delimitar los usos, el plazo y el territorio, además de la remuneración que corresponda. En el contrato de producción audiovisual, la ley establece presunciones de cesión al productor y límites específicos. Por eso conviene revisar qué derechos se transmiten y qué autorizaciones expresas siguen siendo necesarias.
Inscribir una obra no impide materialmente que sea plagiada, aunque el registro puede servir como prueba. Ante una infracción pueden ejercitarse acciones civiles y, cuando concurran los requisitos de un delito, acciones penales. La inscripción no garantiza por sí sola el resultado de una reclamación.
Derechos de imagen.
Un tema diferente son los derechos de imagen. La página web para actores Artfy explica bastante bien cómo funciona en el campo de la interpretación, si bien también es aplicable para directores y fotógrafos.
La utilización de la imagen o la voz de una persona requiere, por regla general, su consentimiento, con las autorizaciones y excepciones previstas en la ley. Cuando se reutiliza una escena o un fotograma también pueden intervenir derechos sobre la obra audiovisual. Editar una imagen no elimina por sí solo esos derechos.
Conviene distinguir la protección de la persona representada de los derechos de autor y otros derechos sobre la grabación. Un mismo uso puede afectar a ambos y requerir autorizaciones diferentes.
La explotación autorizada de la imagen puede generar ingresos en los términos que se hayan pactado. No existe una regalía automática por cada utilización. El contrato debe fijar la remuneración y los usos autorizados; custodiar los archivos no concede por sí solo el derecho a comercializarlos.
Los contratos sobre derechos de imagen deben recoger el uso de esas imágenes; por ejemplo, pueden prohibir su utilización con fines comerciales o que generen beneficio económico directo, el tiempo en el que es aplicable, el ámbito territorial (si afecta solo a España, si es extensible a toda la Unión Europea o si tiene alcance mundial) y los medios donde se puede utilizar esa imagen.
La inteligencia artificial puede utilizarse para alterar imágenes o crear contenidos que se parezcan a personas reales, pero eso no deja sin efecto las normas de propiedad intelectual, propia imagen y protección de datos. Desde el 2 de agosto de 2026 se aplican además obligaciones europeas de transparencia para determinados contenidos generados o manipulados con IA, con un alcance y unas excepciones específicos. Identificar un contenido como artificial no sustituye los permisos que sean necesarios. Ante una vulneración pueden ejercitarse las acciones que correspondan al caso.
Negociaciones con terceros.
La realización y difusión de una pieza audiovisual está plagada de negociaciones. Reuniones que deben concluir en un acuerdo, preferiblemente un contrato por escrito, y en las que es conveniente que esté presente un abogado.
El director de una película, incluso de un anuncio, suele estar bastante ocupado en ejecutar el proyecto. En hacer el casting para seleccionar a los actores, en dirigir el rodaje, en supervisar el montaje. Muchas de estas negociaciones se efectúan de manera paralela. El creador debe delegar este trabajo en un profesional de su confianza.
Incluso en la fase final, que es la difusión, las negociaciones son esenciales. Reuniones con la distribuidora que va a colocar la película en las salas de cine, reuniones con las plataformas de streaming e, incluso, reuniones con las televisiones, cuando se cede en exclusiva la emisión.
El perfil de un abogado que trabaja para el sector audiovisual incluye un evidente talante negociador.